(cc) Flickr, Kalvellido
Hace un tiempo comentaba que España se venía un fenómeno nunca antes visto acerca de las modificaciones a la ley para dotar de menos derechos a los ciudadanos, menos privacidad y menos libertad de expresión.
El 8 de Enero todos los temores infundados tristemente se están haciendo realidad, el Gobierno de España aprobó en el primer Consejo de Ministros del año su paquete de medidas para cerrar webs de descargas, en Alt1040 comentan porque estas medidas no son realistas y más bien rayan de fantasiosas.
Sin embargo estas medidas aún tienen que ser aprobadas por Senado por ello se ha creado "Guía básica de insurrección contra la normativa del Gobierno de España para cerrar webs".
Argumentos contra la normativa y el proceso
- La nueva normativa carece de sentido. La Justicia española ya cuenta a día de hoy con herramientas suficientes para luchar contra los que se salten derechos de propiedad intelectual. Que esta siempre resuelva en contra de la industria no es culpa de nadie y menos de los ciudadanos
- El poder ejecutivo intenta traspasarse competencias que son propias del judicial y con ello dinamita uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia que es la separación de poderes
- Se le da rango de derecho fundamental a la propiedad intelectual, algo que debería ser dilucidado con mucha más calma y por varios estamentos y no solamente por el ejecutivo
- Si la normativa se aprueba, supondrá un agravio comparativo con otros sectores industriales y los propios ciudadanos. ¿Por qué la industria cultural tiene que tener “juicios rápidos” y el resto no?
- Se va a cargar de más trabajo a la Audiencia Nacional, tribunal excepcional que se ocupa de los casos más graves, como por ejemplo los relacionados con terrorismo o corrupción
- Los ciudadanos no somos los culpables de que un sector se esté muriendo por el avance tecnológico. Ha pasado lo mismo en innumerables ocasiones a lo largo de la historia y en ninguna se impulsó su supervivencia a base de leyes
- Quien decidirá en primera instancia si hay o no infracción será una comisión administrativa, no un juez
- Los jueces pasarán por encima del asunto, no decidirán si determinada web ha vulnerado derechos de propiedad intelectual
- El proceso puede utilizarse contra cualquier sitio de la red que los demandantes consideren está violando derechos de propiedad intelectual, aunque el Gobierno asegure que solamente se usará contra “no más de 100 webs”
- El intercambio de archivos o enlaces en sitios para facilitar el intercambio de los mismos no es delito en España. La ley está dando por supuesto que lo anterior es un delito al establecer una comisión para investigarlo
- La normativa choca o vulnera varios artículos de la Constitución (20, 24.2)
- No es de recibo que para llevar la nueva norma hacia delante el Gobierno tenga que modificar nada más y nada menos que cuatro leyes, una de ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial
Acciones contra la normativa y el proceso
- Si tienes acceso a medios tradicionales distribuye en ellos los argumentos citados anteriormente
- Deja patente tu disconformidad con la normativa en tu cuenta de Twitter, Facebook o cualquier otro sitios social
- Distribuye los argumentos aquí expuesto (u otros), en tu web o blog
- Copia esta imagen donde quieras
- Pide a resto de fuerzas políticas del país voten negativamente contra toda medida relacionada con la nueva normativa (vía Twitter por ejemplo: @ppopular, @iunida, @pnveaj, @ciu etc)
- Inicia cualquier otra acción de lucha que se te ocurra y apoya las que conozcas
- Contribuye a centralizar las quejas en determinados canales (si ya existe un grupo en Facebook de protesta, no crees otro, únete a ese)
- Menea, retwittea y copia
Vía: Alt1040
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